Activismo digital y utopías pendientes
No cabe duda de que la inmensa comunidad de internautas que nos fuimos formando con la llegada del uso masivo de Internet estábamos imbuidos de un profundo activismo en el ámbito de las ciencias sociales. Nos movía la convicción y el anhelo de que "Otro Mundo Es Posible".
Hoy, desde la perspectiva que nos da el año 2026, constatamos que aquella utopía no llegó a concretarse. El mundo resultante dista mucho del que soñamos y se enfrenta a complejas crisis globales. Como testimonio de aquel impulso transformador y de la capacidad diagnóstica de las redes de la época, recojo a continuación el artículo que publiqué en 2006 en el blog Utopía Siglo XXI. En él ya se advertía la gravedad del problema de la vivienda, una crisis que hoy alcanza dimensión internacional y muestra una difícil solución.
Vivienda: Nacionalización frente a especulación (2006)
Por Feliciano Robles Blanco
Estimadas amigas y amigos: Nos encontramos en un momento crucial para transformar la realidad y garantizar el derecho a una vivienda digna para toda la ciudadanía, tal y como consagra la Constitución Española. El poder de decisión puede pasar de los especuladores a la ciudadanía si somos capaces de articular los pasos adecuados.
En primer lugar, los colectivos y movimientos sociales comprometidos con esta causa deberían intensificar sus acciones y movilizaciones ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. Son precisamente los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas las instituciones con mayor responsabilidad política en este ámbito, al ser las encargadas de recalificar el suelo urbanizable. Esta facultad multiplica exponencialmente el valor de los terrenos, hasta el punto de estimarse que cerca de dos tercios del coste final de una vivienda corresponden al suelo que ocupa. Se trata de un contrasentido económico y social, pues el valor de partida de muchos de estos terrenos —de naturaleza agrícola— es prácticamente insignificante.
Por ello, propongo abiertamente a los movimientos sociales nacientes que incorporen a sus reivindicaciones la nacionalización del suelo urbanizable.
La política territorial basada en liberalizar masivamente el suelo manteniendo su propiedad privada ha generado profundos desequilibrios urbanísticos y desmedidos enriquecimientos ilícitos, alimentados en ocasiones por la corrupción e influencias sobre las corporaciones locales.
La titularidad pública del suelo no debe entenderse como una quimera, sino como una medida de fuerza mayor indispensable para cumplir el mandato constitucional. Disponer de suelo público otorgaría a cada municipio la autonomía necesaria para diseñar su modelo de ciudad de forma racional, dotándolo de los servicios, vías de comunicación y equipamientos adecuados. Este modelo de gestión pública del suelo ya se aplica con éxito en diversos países de nuestro entorno.
Cuestión distinta es el tratamiento de las segundas residencias, de amplia implantación en nuestro país. La planificación y asignación de suelo para este tipo de desarrollos debería ser tutelada directamente por el Ministerio de Medio Ambiente o las Consejerías autonómicas competentes, asegurando un crecimiento sostenible en zonas especialmente sensibles.
Animo a los movimientos sociales y a la juventud a perseverar en esta lucha. No será un camino sencillo, pues enfrente existen poderosos intereses económicos con capacidad de condicionar la representación política.
